La ley que también arde
Un reportaje sobre la realidad de los incendios en Bolivia
20 de noviembre de 2023
En Bolivia se está haciendo un llamado de ayuda. El calor sofocante tiene a la gente en estado de fatiga y asfixia. La humareda no permite ver, ya no solo los cerros, sino los mismos edificios a unos cuantos kilómetros de distancia. Tos, ojos lagrimeando. Súplicas al cielo, “¿cuándo será la próxima lluvia?” No se sabe. En tiempos de cambio climático, la temporada de lluvias se ha vuelto incierta. Lo que se sabe es, como dicen las pancartas y los hashtags, que Bolivia está en llamas y no hay quién la socorra.
Cifras demoledoras
Hasta el 13 de noviembre de 2023, se registra que los incendios forestales arrasaron con más de 3.5 millones de hectáreas de tierra a nivel nacional, solo en lo que va del año. 3.5 millones de hectáreas equivale a 35 mil kilómetros cuadrados, lo que supone una extensión superior a la de países como Bélgica o Haití. Como referencia, en 2019, el año de mayor cobertura mediática sobre los incendios, la superficie quemada fue de alrededor de 5.7 millones de hectáreas, lo que equivale a ver a Croacia o Costa Rica completamente en llamas.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) registró un total acumulado de 262.633 focos de calor entre enero y octubre de 2023 y 90.190 focos de calor solamente entre el 1 y el 19 de noviembre. Entre los territorios incendiados se ven comprometidos 49 territorios indígenas y 49 áreas protegidas, siendo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure el más afectado.
Esta problemática, si bien antes podía ser ignorada cambiando el canal de noticias, ahora se ha vuelto imposible de evitar, pues el calor excesivo y la humareda producto de los incendios han llegado hasta las ciudades, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. En la ciudad de Santa Cruz, la más afectada por el humo, llegaron a alcanzar un 313 de índice de la calidad del aire el pasado octubre, valor que califica como “extremadamente mala” y sumamente peligrosa para la salud de los ciudadanos.
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Foto: Luis Gandarillas (EFE) - El País
Los chaqueos y el modelo agroindustrial
Al momento de buscar las causas y señalar culpables, se habla bastante de los chaqueos y los chaqueadores. Sin embargo, no se termina de explicar qué es el chaqueo y por qué juega un rol importante en el conflicto de los incendios forestales. El chaqueo, o agricultura de tumba y quema, como también se le conoce, es una técnica agraria que viene de tiempos precoloniales. Consiste en quemar el barbecho, el suelo desboscado que se encuentra en reserva, para convertirlo en chaco, el suelo ya cultivable. Esta técnica permite ahorrarse el largo tiempo y trabajo de deshierbar y sacar toda la maleza del barbecho, así como generar mayor vitalidad de la tierra, cosa que ocurre cuando se quema.
El chaqueo tradicionalmente consiste en quemar una superficie muy pequeña de tierra. José Martínez, sociólogo y ex coordinador del Centro de Planificación Territorial Indígena de la CIDOB, explica esta relación equivocada entre los chaqueos y los incendios forestales. “Por ejemplo, las autorizaciones de 20 hectáreas para pequeñas propiedades y comunidades de la Ley 741 no es chaqueo, eso es desmonte. Por tanto, todos los desmontes por encima de la hectárea prácticamente no tienen nada que ver con esa práctica ancestral del chaqueo. El chaqueo de pequeñas superficies menores al 10% de una hectárea, consiste fundamentalmente en la roturación de bosque, o sea, en el corte o tumba de árboles, la concentración de esos árboles en la parte central del área intervenida”, afirma Martínez. Es decir, que los chaqueos, al menos los tradicionalmente practicados, no son los incendios de millones de hectáreas que tienen al país en estado de emergencia.
"Todos los desmontes por encima de la hectárea prácticamente no tienen nada que ver con esa práctica ancestral del chaqueo"
Entonces, ¿qué o quiénes ocasionan los incendios? Aun con un mal entendimiento de lo que es el chaqueo, lo que sí es cierto y los informes terminan de esclarecer es que los incendios forestales son provocados por la actividad humana y agravados por el cambio climático. El CEJIS y otras organizaciones como RAISG señalan como principales responsables a las industrias extractivistas, específicamente la hidrocarburífera, minera y agroindustrial. El modelo extractivista hace que los recursos naturales, en este caso los bosques nativos del país, sean extraídos de forma no sostenible, con la búsqueda de una recompensa económica a corto plazo y sin intención de restituir los recursos explotados. A esto se le suman los proyectos de infraestructura como las carreteras y autopistas, y los asentamientos de comunidades interculturales.
“Hay intereses económicos muy poderosos detrás de estos temas de los desmontes y los incendios. Esos intereses económicos tienen que ver con la especulación de los suelos agrícolas. Curiosamente, en Bolivia, una hectárea con bosques tiene menor valor que una hectárea sin bosques. Y quienes aprovechan esta situación básicamente son aquellos sectores agroindustriales que ellos no viven en las áreas de bosque, pueden invertir muy fuerte en un corto tiempo y van a tener recuperación también en corto tiempo”, afirma José Martínez.
Foto: Revista Nómadas
Incendios y desmonte: dos caras de una misma moneda
Analizar la problemática de los incendios involucra necesariamente hablar también de los desmontes, es decir, la extracción de árboles y vegetación de un territorio, principalmente con uso de maquinaria. Esto, por un lado, porque son las dos causas principales para la pérdida de biodiversidad de Bolivia, y por otro, porque ambas actividades están relacionadas directamente. Alejandro Almaraz, abogado especialista en derecho agrario y ex director del CEJIS, reconoce un vínculo accidental. “Se incendian los bosques porque los chaqueos se descontrolan y afectan a la madera que quiere ser aprovechada por una serie de gente. No es parte del proceso de aprovechamiento de la madera”. José Martínez, por su parte, afirma que los incendios son de hecho una forma sencilla de facilitar el desmonte. “Y esta práctica ciertamente no se inicia con las comunidades interculturales, sino fundamentalmente las comunidades interculturales y algunas comunidades indígenas han aprendido el mal ejemplo del vecino exitoso que son los agroindustriales y los ganaderos”, afirma el sociólogo.
Foto: Revista Nómadas
Los efectos de estas dos actividades son bastante graves y ya están cobrando factura a la población. Temperaturas y sensaciones térmicas anormalmente altas, temporadas largas e inciertas de sequía, aire contaminado y una inestabilidad general del ecosistema ya imposible de revertir. Todos estos efectos forman parte del gran fenómeno del cambio climático a nivel global, al cual Bolivia y los países que promueven el desmonte y los incendios están contribuyendo de sobremanera.
La ley permisiva
Existen leyes que, por ideal de preservación del medio ambiente, prohíben los incendios y desmontes, como la Ley 1333 del Medio Ambiente. Sin embargo, el poder económico y social de los sectores extractivistas ha tenido como consecuencia una serie de implementaciones y modificaciones de la ley que les permiten seguir realizando las actividades de explotación, a pesar del costo social y ambiental. Son una serie de leyes y decretos que fomentan las quemas y desmontes a nombre de regulación.
Una de las principales leyes consideradas “ecocidas”, tanto por el Tribunal Internacional de la Madre Tierra como por la sociedad civil, es la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, más conocida por su apodo que es el “perdonazo”. Esta ley establece un régimen excepcional que perdona, como indica su apodo, a aquellos que hicieron desmontes ilegales, teniendo como pretexto el de la seguridad alimentaria. Esta ley es poco rigurosa en cuanto al porcentaje de bosque que exige restituir y a cambio pide que se siembren en el territorio desmontado determinantes productos que promueven la seguridad alimentaria, como el maíz, el trigo y la soya.
"Las normas hay que evaluarlas, considerarlas, valorarlas en función a su aplicación, cortejándolas con la realidad social en la que se van a aplicar. En general, las leyes no son buenas o malas en sí mismas"
“El perdonazo tiene que ver básicamente con las propiedades privadas grandes. Me refiero a agroindustriales, a ganaderos. Ellos básicamente hace 15 años han comprometido sus propiedades con los desmontes ilegales y los incendios. Entonces, el perdonazo es de esas tierras comprometidas”, explica José Martínez. “Ellos de manera indirecta han anulado el artículo de la ley INRA, que establece que los desmontes ilegales y los incendios forestales no califican como función económica ni función social y esos predios afectados tendrían que ser revertidos al Estado. Entonces les han respetado sus derechos de propiedad y no han aplicado la ley”.
A partir de la Ley N° 337 se han promulgado varias otras que la amplían y modifican, continuando con el fomento de los incendios y desmontes. Como algunos ejemplos se encuentran el DS N° 1578, la Ley N° 502, la Ley N° 739 y la Ley N° 952. De igual manera, está la Ley N° 741 “de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”, entre otras.
Por otra parte, está la Ley Forestal de 1996, la cual se considera obsoleta y no protege a los bosques o a las necesidades ambientales en la actualidad. Alejandro Almaraz reflexiona sobre el panorama actual, en el que entre militantes de uno u otro partido señalan con el dedo a los gobernantes que promulgaron determinadas leyes, en vez de pensar en actualizarlas y reevaluarlas. “Las normas hay que evaluarlas, considerarlas, valorarlas en función a su aplicación, cortejándolas con la realidad social en la que se van a aplicar. En general, las leyes no son buenas o malas en sí mismas”.
El rol de la sociedad civil
En un momento tan crítico, en el que nada abastece para la mitigación de los incendios, el rol de los bomberos es primordial. Si bien los voluntarios muestran una disposición inmediata para ir a combatir el fuego, no depende solo de ellos, sino que se trata de un tema incluso burocrático: los bomberos se prestan para la acción, pero deben esperar directrices desde arriba para tomar acción. Rafael Revollo, bombero voluntario de BEAR (Brigada de Emergencia Atención y Rescate), menciona que “en algunas ocasiones, solo nos toca estar de apoyo esperando en Puesto Comando a que nos den la orden para subir al incendio, orden que a veces no llega”.
Pero, ¿por qué evitar que los voluntarios hagan su trabajo? Si bien existe la disposición, no se trata de trabas dentro del cuerpo de bomberos, sino de la limitada cantidad de recursos con las que cuentan. Por un lado, la falta de subvenciones gubernamentales no permite la acción inmediata de todos los cuerpos de bomberos. Por otro, está el hecho de que más de la mitad de los bomberos en Bolivia son voluntarios, por lo que no perciben sueldo. El resultado: los cuerpos de bomberos recurren a la población para conseguir recursos, entre víveres, material de primeros auxilios y demás.
Foto: Ministerio de Defensa
Gran parte de la población se moviliza para hacer llegar fondos y otros recursos a los bomberos voluntarios como un pedido de ayuda para que continúen en la mitigación del fuego que ha estado consumiendo el país. De una u otra forma, es más visible el movimiento de la gente que el de las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, ¿qué efecto no tan visible puede estar teniendo la colecta de fondos solidaria? José Martinez habla de una normalización de los incendios. “La población que se hace muy sensible con estos daños ambientales, con la humareda, etcétera, y lo que hace básicamente para expiar sus culpas o sus responsabilidades indirectas es hacer campañas de solidaridad, de vituallas, etcétera. Y lo que están haciendo todos los del gobierno y los ciudadanos es normalizar los incendios, el humo, los desmontes”.
¿Qué es lo que terminará por solucionar esta problemática? ¿Qué es lo que hará que dejen de reaparecer las noticias de incendios incontrolables cada agosto y lo que, finalmente, haga que los bolivianos dejen de temer por su futuro? Los expertos y las fuentes consultadas son claras: todo parte por las leyes. Según José Martínez, se deberían homologar dos leyes del Parlamento de Naciones Indígenas, decretadas en 2021: la Ley de las Naciones y la Ley del Peso Verde y la Vida, que compromete al país con la conservación de las áreas de bosque.
Concluyendo con la reflexión de Martínez:
“De aquí a diez años, países con bosque, países ricos. Países sin bosque van a ser países muy pobres justamente por estos elementos que estamos perdiendo. Entonces, necesitamos en el país cambiar esa política bárbara, extractiva, destructora de la vida por economías no consuntivas”.
Texto elaborado por Alejandra Almaraz y Ángeles Encinas. Material audiovisual elaborado y curado por Jhoana Montaño y Nina Suárez